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El Metropolitan de Nueva York y James Levine llegan a un acuerdo confidencial para resolver sus mutuas demandas

Tal y como recogía en sus páginas hace unos días The New York Times, el Metropolitan Opera de Nueva York y el director James Levine habrían llegado a un acuerdo para resolver las mutuas demandas interpuestas a tenor de las acusaciones de abusos sexuales que terminaron en 2018 con el despedido fulminante del maestro, quien había sido batuta titular del teatro durante más de treinta años. El acuerdo no ha trascendido, dadas las clausulas de confidencialidad que incluye, por lo que no se conoce sus detalles o el importe económico de las respectivas indemnizaciones, en caso de haberlas.

El Met suspendió inicialmente al James Levine en sus funciones a finales de 2017, después de que The New York Times publicara los testimonios de varios hombres que habrían sido abusados ​​sexualmente por el maestro norteamericano cuando eran adolescentes. James Levine negó dichas acusaciones y finalmente el Met lo despidió en marzo de 2018, a resultas de una investigación interna en la que habrían descubierto evidencias creíbles de que Levine sostuvo conductas de acoso y abuso sexual hacia artistas vulnerables en las primeras etapas de sus trayectorias profesionales.

James Levine demandó entonces al Metropolitan por incumplimiento de contrato y por difamación, reclamando casi 6 millones de dólares en concepto de indemnización, poniendo sobre la mesa sus derechos ligados a un contrato de diez años como director musical emérito, condición adquirida tras su renuncia a la condición de director musical en 2016, con un salario para él de 400,000 dólares anuales y 27,000 dólares por actuación. El Metropolitan respondió entonces con una demanda en contra, por una cantidad prácticamente idéntica, detallando las acusaciones ya mencionadas a resultas de su propia investigación interna, pidiéndo daños y perjuicios a Levine por haber dañado el prestigio de la institución.

El presente acuerdo confidencial no resuelve la cuestión de cara a la opinión pública, pero sí parece haber aplacado el desarrollo judicial de un procedimiento que podría haber tenido mucho más recorrido.